Quiénes son los campesinos en la Pos-pandemia
Cuando se constituye Francia, como Estado nacional el señor Napoleón Bonaparte, les entregó a los soldados que cumplieron su servicio militar pequeñas granjas en las periferias de Colombia. Igualmente, los romanos desarrollaron la misma estrategia para los soldados jubilados, quienes además entonaron coros “Si hay campo debido, hay sentido nacional”.
Por: Jefferson Montaño Palacio
La vocación de la tierra en Colombia es en un (42,3 millones de hectáreas agrícola), sin embargo, el uso que se le ha dado se separa de esa vocación y se crean las condiciones para que surjan fenómenos como el acaparamiento y la especulación en tierras generando altos niveles de desigualdad social y pobreza en las comunidades rurales que trabajan la tierra, especialmente en el andén pacifico; como si fueran artesanos de la naturaleza y el bien común, pero que incluso carecen de títulos y condiciones financieras para fortalecer sus actividades diarias en sus huertas u parcelas, a estas personas generalmente las conocemos como: campesinos.
¿Pero quiénes son los campesinos en Colombia? ¿Acaso aquellos que montan en caballo, usan poncho y se tercian al hombro un carriel y recorren los domingos grandes hectáreas de tierras improductivas en ostentosos vehículos?.
Según Boris Salazar ex decano de la facultad de Socioeconómica de la Universidad del Valle, señala “como terratenientes mantienen tierras fuera del uso productivo, esperando que suban más los precios, a pesar que hay gente que quieren tener el uso de la tierra y deben recurrir a tierras más pobres porque es el uso que pueden pagar. Este fenómeno crea una burbuja artificial de tierra y obliga a que los salarios se bajen y se mantengan bajos, dejando sin otra alternativa al campesino”.
Se debe tener en cuenta de primera mano al sector agrícola en la economía siendo este el que nos permite comer más de tres veces al día. En los países desarrollados no existen campesinos si no granjeros. Ellos no desprecian a quienes trabajan la tierra si no que los educan para que desarrollen su trabajo agrario como un elemento de subsistencia digna, permitiendo que los excedentes de producción (que les da el uso debido de herramientas y abonos, agua y buen uso de terrenos), abastezcan mercados en términos de justo a tiempo y precios debidos, propiciando la soberanía alimentaria logrando nuevos métodos agrícolas para que haya un país más soberano.
En el caso de Colombia, un granjero es un industrial despropiando al campesino de su figura habitual, sin embargo, estos campesinos a través de sus parcelas y cultivos protegen el uso del suelo y el ambiente volviéndolo no más rentable si no más seguro. En países como Alemania, Francia, EE.UU., Israel y Uruguay, el origen en su desarrollo de estos países se debe a sus granjeros es decir, a ese campesinado de trocha.
No obstante, las presiones a nivel mundial sobre los recursos naturales y las tierras de manera particular, han llevado a Colombia ha impulsar un modelo de desarrollo rural excluyente, que agrava el histórico problema de la concentración de la tierra. Teniendo en cuenta algunas reflexiones tomados como elementos de su opera prima del Senador vallecaucano Wilson Arias Castillo, que titulo “Así se roban la tierra en Colombia”, recopilación mediante las investigaciones realizadas en el congreso el cual, cuestiona fuertemente la política pública de tierras y baldíos en la Altillanura, comparto apartes. “La Altillanura, nuestra última frontera agrícola, ha sido el escenario propicio para ese modelo. Allí confluyen el abandono estatal, el desplazamiento, la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico, tras todo lo cual han llegando empresarios de “manos limpias” nacionales y extranjeros a comprar tierras masivamente”.
Este libro recoge una importante investigación sobre la Ley Zidres: Zonas de Desarrollo Rural Económico y Social, hoy convertida en Ley de la República 1776 del 2016, que abrió el debate nacional permitiéndole a grandes industrias nacionales y extranjeras poder adquirir baldíos para su explotación económica y productividad. De esta manera, la discusión no se centra en la propiedad de la tierra, sino en cómo ponerla a producirla en regiones que cumplieran condiciones muy especificas: estar alejadas de centros urbanos, con elevados costos de adaptación, baja densidad poblacional, altos índices de pobreza y carencia de infraestructura, dejando claro que las Zidres, no estarían confinadas solamente en la Altillanura, sino que podría llevarse a todo el territorio nacional.
Sin embargo, la Ley 160 de 1994, dice “son exclusivamente para los campesinos de escasos recursos económicos y sin tierra”.
¿Donde están los campesinos?
Por lo tanto, al sector agropecuario nacional se le deben hacer serias reflexiones sobre cuáles son las principales falencias que ha tenido el plan Colombia Rural desde hace décadas. Es preocupante tener más de ocho millones de desplazados, casi un 99% de origen campesino siendo su mayoría predios cesantes, improductivos, abandonados o en manos de grupos que operan al margen de la Ley. Sabemos que paso con Agro Ingreso Seguro (AIS), siempre hemos insistido que el campesino de a pie de Hacha y Machete, es quién menos se beneficia con los subsidios y créditos blandos que otorga el gobierno nacional, para impulsar su desarrollo y no terminar siendo peones de los capitalistas que les comprarán o les alquilarán sus tierras. (Es decir, peones en su tierra).
El sesgo de la política pública
Las altas inversiones de largo plazo que requiere la especialización productiva, normalmente están sustentadas con recursos públicos, que se trasladan a sectores, regiones o actores específicos, lo cual amplia las desigualdades, cuando el gasto público debería servir para democratizar la distribución del presupuesto nacional y le llegue a los campesinos y pequeños empresarios del agro.
En Colombia, un fenómeno evidente fue el de Agro Ingreso Seguro (AIS). Este programa promovía una serie determinada de cultivos, específicamente los de ciclo largo que requerían altas inversiones iniciales. De esta manera, y con criterios de selección muy cuestionados, se favoreció a familias de larga tradición política y terratenientes de Colombia. Estos hechos llevaron a cuestionar el gobierno del Expresidente Álvaro Uribe Vélez y al entonces Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien paga una condena de 18 años, prisión por corrupción ante la justicia colombiana.
Este tipo de de incentivos favorecieron a empresarios agroindustriales que, de manera irregular, compraron tierras en la Altillanura. Este hecho bastante sonado, hace parte del discurso oficial que la Altillanura, no es viable una agricultura campesina o de pequeña escala debido a los altos costos de adaptación de los suelos, pero a la vez, el Estado ha subsidiado a actores muy poderosos para que realicen sus emprendimientos en esa región u en el andén pacífico.
Según el Conpes en su política para el desarrollo integral de la Orinoquia y la Altillanura, la región de la Orinoquia esta comprendida por los departamentos de Meta, Arauca, Casanare, Guaviare y Vichada. También encontramos una subregión conocida como la Altillanura, que cobija 7 millones de hectáreas entre los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, Mapiripán, y en el departamento del Meta, Santa Rosalía, La Primavera, Cumaribo y Puerto Carreño en el Vichada.
Estos casos investigados sobre acaparamiento de tierras presentados ante la opinión pública se suscriben en su mayoría a esta zona del país, ubicando en la Orinoquia y Amazonas en Colombia, como un lugar de altísima capacidad productiva. Este alto potencial se explicaría en las condiciones naturales de la tierra, que tienen que ver con la exposición del sol durante todo el año, fuentes de agua y condiciones planas. Otra característica, como los precios relativamente bajos, la aparente sobrexplotación y derechos de propiedad mal definidos. Todos estos elementos han incidido en el interés de diferentes actores por adquirir grandes extensiones de tierra en la Altillanura colombiana.